“A la luz del sentir ciudadano de los habitantes de Til Til, es preciso que se releve la importancia que el tema medioambiental tiene desde una óptica política”, plantean los académicos.
Resulta inaceptable la medida tomada, y hace más urgente que nunca ampliar la mirada sobre los problemas ambientales desde enfoques territoriales que integren aspectos sociales y culturales.
Los vecinos de Til Til están protestando por la instalación de un nuevo relleno sanitario en su comuna. Se preguntan por qué ellos. Ellos, que ya tienen dos tranques de relaves, una planta de residuos tóxicos, dos rellenos sanitarios, una planta de tratamiento de aguas servidas, un criadero de cerdos, entre otras industrias contaminantes, deben ahora recibir los desechos industriales de la Región Metropolitana, con todo el riesgo, inequidad e indignidad que ello representa. Las autoridades ambientales del país les dieron una respuesta de hielo. Les dijeron que la normativa vigente (el Plan Regulador Metropolitano) no admitía otra opción, y que los suelos de Til Til eran además ideales para instalar ahí un proyecto de este tipo. La justificación legal y el fundamento técnico: dos poderosas armas usadas demasiadas veces en contra de la dignidad y la justicia. Es difícil imaginar que el suelo de Til Til crea que su vocación y destino ideal sea recibir rellenos sanitarios. Si no se mira con los ojos del ingeniero sanitario, nos sentiríamos con la libertad de pensar que el suelo de Til Til es ideal para la agricultura, la silvicultura, la ganadería, el turismo, la construcción de viviendas, o lo que queramos. Todo depende de cuáles sean las categorías y los valores con los que formulemos la ecuación. Lo dicho a los vecinos de Til Til no es cierto. No son las características físicas del suelo las que definen su “vocación”, ni son los expertos de ninguna disciplina la autoridad para decidir la “vocación” de ningún elemento del ambiente, ni menos la de un territorio, sino que es la sociedad en su conjunto, la que hace estas definiciones cuando éstas se vuelven necesarias por alguna razón legítima. Coincidentemente, justo este año se cumplen veinte años de una modificación muy importante al Plan Regulador de la Región Metropolitana, el llamado “Plan Chacabuco”, instrumento con una historia poco feliz, que parece ya olvidada. Este instrumento que ha definido una serie de tendencias urbanas, entre las que se cuentan el destino y potencialidades de uso para actividades no deseadas pero necesarias, como los Rellenos Sanitarios y otras infraestructuras de alto impacto social, ambiental y territorial, se gestó cruzando historias tan diversas como caballos fina sangre, debates incipientes sobre las zonas de sacrificio, advertencias sobre una futura escasez de agua, la salida forzada de un ministro y la preparación del boom inmobiliario que ha expandido la ciudad de Santiago hacia el Norte de una forma muy poco sostenible. En su origen, bien se sabe, este instrumento tuvo un enorme déficit de legitimidad democrática que hoy se hace más sentido y crítico. Y no es solo Til Til que sufre las consecuencias de este controvertido Plan Chacabuco, pues de paso, esta decisión lleva hoy a la necesidad de intervenir, una vez más, el cauce del Rio Maipo en el sur de Santiago, para desde allí desviar agua para el uso en los condominios de lujo en Chicureo, los que se crearon gracias a este plan. A la luz del sentir ciudadano de los habitantes de Til Til, es preciso que se releve la importancia que el tema medioambiental tiene desde una óptica política y que debe necesariamente incluir aspectos relacionados con la justicia ambiental, razón por la que las explicaciones que se entregan hoy respecto de la decisión tomada, que remiten a razones técnicas o formales, parecen sacadas de otro tiempo. Cabe recordar que el propio programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet señalaba, en su capítulo sobre medio ambiente, lo siguiente: La desigualdad también se expresa en el medioambiente. El deterioro ambiental y la contaminación afectan con mayor severidad la calidad de vida de la población más vulnerable. Tenemos el deber de cambiar esta realidad. La sustentabilidad exige no sólo equilibrar crecimiento económico y protección ambiental, sino también, hacerlo con equidad social. Este será el eje de nuestra gestión: lograr mayor equidad ambiental. […]. El Estado debe abordar el ordenamiento territorial, en un proceso amplio y convocante, donde como sociedad definamos aquello que estamos disponibles a incentivar en nuestros territorios, con una mirada integral que contemple lo ambiental, social y económico. Por ello resulta inaceptable la medida tomada, y hace más urgente que nunca ampliar la mirada sobre los problemas ambientales desde enfoques territoriales que integren aspectos sociales, culturales, políticos y de equidad, más allá de lo estrictamente “técnico”. Las condiciones bajo las cuales se gestan este tipo de proyectos y decisiones, no pueden pasar por alto las características socio-ambientales del entorno; y esto significa que es necesario que se tenga en cuenta, por ejemplo, las cargas ambientales a las que ya se enfrentan los habitantes de un determinado territorio. El impacto sobre el medio físico en sí mismo, es apenas una parte. Hay también una necesaria consideración a la dignidad de los habitantes de las llamadas zonas de sacrificio, que son habitualmente la parte invisible de los análisis técnico-científicos predominantes, para encontrar las soluciones a los grandes problemas ambientales que normalmente carecen de un enfoque territorial. Esto es aceptar y hacer visible la condición política que tiene el tema socio-ambiental y por ello, la relevancia ante la consolidación de una mirada de desarrollo que supere la vieja tesis del crecimiento. El medio ambiente es mucho más que la posibilidad técnico–científica de medir la calidad del aire, de inaugurar paneles solares o reducir las emisiones que aceleran el cambio climático. El medio ambiente es ante todo un asunto de la sociedad y de los mecanismos sobre como pensamos nuestra convivencia social en equilibrio con las condiciones naturales y artificiales que conforman nuestro entorno. Y ello necesita valerse de mecanismos políticos y democráticos que lo hagan viable y aceptable. Con Til Til se ha cometido una injusticia. No hay ninguna justificación moral para concentrar allí los residuos de Santiago. Tampoco hay una justificación legal que cumpla con la condición de ser legítima, pues no reconoce ni a los habitantes ni las autoridades de Til Til como partícipes de decisiones sobre su futuro. Y tampoco hay una justificación técnica que pueda soslayar tres consideraciones fundamentales de la convivencia democrática, como son la justicia, la verdad y la dignidad.
Enrique Aliste, Mauricio Folchi, Michael Lukas, Daniela Cea